Deberíamos enterrar de una vez por todas el concepto de ‘fundamentalismo del mercado libre’. En este debate no hay fundamentalistas del mercado libre. Lo que hay son conservadores que quisieran que nos creyéramos que sus normas equivalen al natural funcionamiento del mercado. Los progresistas no deberíamos ponérselo tan fácil.
Durante el último cuarto de siglo, los progresistas no han dejado de lanzar diatribas contra el “fundamentalismo del mercado libre”. Su principal queja se refiere a que los conservadores (léase Macri, De Narváez) quieren eliminar el sector público y dejarlo todos en manos del mercado. Pero este planteamiento es un completo disparate.
La derecha tiene tanto interés como los progresistas en que el sector público se implique en la economía. La diferencia radica en que los conservadores quieren que el sector público intervenga de un modo que redistribuya el ingreso en provecho de los más pudientes. La otra diferencia está en que la derecha es lo suficientemente lista como para ocultar estas intervenciones, tratando de que parezca que las estructuras que redistribuyen el ingreso hacia los de arriba no son más que el resultado del funcionamiento natural del mercado.
Los progresistas estamos favoreciendo la causa de los miembros de la derecha cuando les acusamos de ser unos “fundamentalistas del mercado”, dando por buena la idea de que los conservadores efectivamente desean una estructuración de la economía de acuerdo con su estado natural.
La confusión provocada por esta guerra erróneamente encauzada contra el fundamentalismo del mercado sobre el diseño de las políticas públicas es aún más grave que el daño político que provoca. Los progresistas no tenemos que ver al sector público como el instrumento para modificar los resultados del mercado. Lo que tenemos que entender es que, al igual que nuestros oponentes conservadores, debemos buscar formas de estructurar las normas que regulan el mercado para que los mercados produzcan resultados deseables desde una perspectiva progresista.
El rescate del sector financiero en la crisis del año pasado ha constituido la más obvia intervención reciente del sector público para redistribuir el ingreso hacia los más ricos.
La desregulación también aumenta la rentabilidad, y nada tiene que ver con el libre mercado. En otras palabras, lo que el sector financiero quiere es que la administración pública les proporcione “garantías” a través del Banco Central y políticas económicas acordes para seguir con su timba financiera.
La idea de que un “mercado libre” permite que algunas personas se conviertan en inmensamente ricas y es la causa de que otras sean pobres o estén en una situación financieramente expuesta es un disparate. La distribución del ingreso está determinada por políticas públicas que favorecen a ciertos grupos y perjudican seriamente a otros. Si los progresistas aceptamos las estructuras que los conservadores han institucionalizado como algo llamado “mercado libre” y luego tratamos de utilizar los impuestos y las políticas de transferencia de recursos para reconducir las desigualdades, entonces nosotros mismos nos habremos metido en un callejón sin salida.
En lugar de esto, debemos centrarnos en modificar las reglas que redistribuyen el ingreso a favor de los más pudientes. Hay distintas formas de reestructurar los mercados. Debemos ser al menos tan oportunistas y creativos como la derecha en la elaboración de normas que a la vez produzcan resultados eficientes y conduzcan a mejores distribuciones en el ingreso.
Ahí estará la lucha en estos años.
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